Una de las problemáticas más comunes de los gobiernos municipales en la actualidad es su incapacidad para adaptarse y responder a nuevos escenarios inciertos. La pandemia de covid-19 vino a poner de manifiesto una realidad ya innegable: todo es incierto. Pero no estamos frente al fin del mundo, así que en esta incertidumbre, las organizaciones deberán aprender a proyectarse de cara al futuro.
Sin embrago, probablemente ninguna institución ha tardado tanto en adaptarse a las nuevas realidades como ha pasado con los gobiernos. La respuesta de las organizaciones del sector privado frente la pandemia fue ágil y decidida, con la incorporación de nuevas tecnologías que les permitieron seguir operando aun de manera remota. Otro ejemplo contundente es la iglesia, una institución con siglos de tradición, que logro implementar el uso de tecnologías para continuar llevando su mensaje a los feligreses.
¿Pero, porque los gobiernos no han sabido responder adecuadamente frente a los nuevos escenarios?
Desde luego que existen respuestas especificas frente a casos concretos, puesto que cada gobierno experimenta circunstancias distintas. Sin embargo, es posible identificar una tendencia ideológica prácticamente generalizada en los gobiernos y enraizada en las mas antiguas practicas de las administraciones publicas. Se trata del legalismo.
El legalismo es una distorsión de la cultura de la legalidad, que supone que las leyes se crearon para controlar la conducta humana y no para garantizar la libertad individual. Lo cual es absurdo.
Es verdad que las leyes restringen ciertas libertades bajo ciertas circunstancias, pero no con el propósito de controlar la conducta sino para posibilitar una libertad ordenada. Por ejemplo, la ley nos prohibe avanzar mientras el semáforo permanece encendido en rojo, con el propósito de que los demás vehículos puedan continuar, de lo contrario se impondría la ley del mas fuerte, o la del mas rápido. Así entonces, las leyes de transito nos ayudan a movilizarnos ordenadamente, pero no pueden planificar completamente nuestra ruta de transito, nuestro destino, nuestras desviaciones, etcétera.
En el ámbito de la administración publica ocurre igual, las leyes, los reglamentos, los manuales, los protocolos -cualquiera que sea su índole- generan libertades para actuar, pero estos instrumentos legales no deben -ni pueden- controlar por completo la conducta de los miembros la organización. Creer que la ley puede convertirse en el criterio máximo de la conducta humana resulta ingenuo, aunque es la idea central del legalismo, padre de la burocracia.
El legalismo no es más que una utopia autoritaria. Porque ademas fomenta el mito reformista según el cual las reformas legales equivalen a transformaciones reales. Sobre la creencia de que la ley es el criterio fundamental de la conducta se sostiene el mito de que la reforma legal constituye en sí misma una transformación de la realidad, lo que somete toda innovación a un proceso legislativo. Para cambiar la realidad primero es necesario cambiar la ley.
Los libros de texto de administración de los años 90's hablaban del "cambio planificado": Una serie de proposiciones enfocadas en implementar innovaciones organizacionales con la menor resistencia posible. Esa planificación desde luego que incluía la formulación de sus respectivas leyes, reglamentos, manuales y protocolos. La pregunta es si el ritmo con el que se están generando los cambios a éstas alturas de la historia puede empatarse con la velocidad en que se actualizan los instrumentos legales. Claramente no.
Pero las nuevas perspectivas de la administración tienen una propuesta: Los datos. Cada vez más se habla del "cambio anticipado": que simple y sencillamente consiste en predecir el futuro para desarrollar las innovaciones con la anticipación suficiente para sobrevivir.
¿Así que los datos pueden predecir el futuro? En cierto modo sí, puesto que tienen la capacidad de visibilizar tendencias y realidades singulares no observables a simple vista. Conocer la evolución de una tendencia permite de alguna forma anticiparse a ella.
El gran reto para los gobiernos municipales es migrar del legalismo al dataismo: convertir a los datos en el criterio fundamental de la innovación. El camino comienza con el desarrollo de la infraestructura tecnológica de almacenamiento y procesamiento de datos, pero continúa con la capacitación y adiestramiento de los equipos de trabajo en el uso y análisis de datos para la toma de decisiones.
